Entre el 7 y el 10 de junio de 1994, en Salamanca, España, representantes de noventa y dos gobiernos y de veinticinco organizaciones internacionales se reunieron en una Conferencia organizada por el Gobierno español y la UNESCO para discutir problemáticas y objetivos en torno a la educación inclusiva, su alcance, significado, horizontes, prioridades. La Conferencia elaboró la Declaración de Salamanca de Principios y Prácticas para las Necesidades Educativas Especiales. Se trata de un documento que reconoce «[…] la necesidad y urgencia de impartir enseñanza a todos los niños, jóvenes y adultos con necesidades educativas especiales dentro del sistema común de educación […]», y que amplió el horizonte de inserción y plan de acción que la educación debe proponerse ante las personas con aptitudes, capacidades motoras e intelectuales especiales.
La Declaración recoge algunos principios reconocidos y compromisos asumidos en la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos (Tailandia, 1990) y la Cumbre Mundial a favor de la Infancia (Nueva York, 1990). Además, la Declaración insta a los Estados a que diseñen políticas y planifiquen programas de estudio para que las carreras de enseñanza de todos los niveles otorguen prioridad al espíritu de inclusión e integración propuesto. Así, todos los niveles de educación que un Estado imparte deberían ajustarse a los principios de integración, según el cual debe incluirse a personas con capacidades diferentes a los sistemas de educación común. De esta forma, las diferencias que puedan presentar los alumnos en su aspecto individual respecto de sus características, capacidades y necesidades de aprendizaje que le son propios, no serían motivo de relegamiento y quedarían integrados a un sistema de educación común que a su vez brinde atenciones diferenciadas y personalizadas.
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